El dirigente de la Confederación Nacional Agraria, Antolín Huáscar, expresó que el Reglamento de la Ley de Aguas no cambiará en nada su esencia privatizadora, por lo que se impulsará la realización de un referéndum popular para la aprobación de esta trascendental norma.
“Iniciaremos una campaña de recolección de firmas para sustentar el pedido ante el Jurado Nacional de Elecciones y lograr que se formalice la consulta popular para que el pueblo sea el que tenga voz en una norma que nos afecta a todos”, indicó el dirigente nacional.
La Nueva Ley de Recursos Hídricos crea el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, que "tiene por finalidad el aprovechamiento sostenible, la conservación y el incremento de los recursos hídricos, así como el cumplimiento de la política y estrategia nacional de recursos hídricos y el plan nacional de recursos hídricos en todos los niveles de gobierno y con laparticipación de los distintos usuarios del recurso".
Muchas cosas no quedan claras, como 'cumplimiento de la política y estrategia nacional del agua'. El ente encargado de la creación de esta política y estrategia nacional es la Autoridad Nacional del Agua, cuyo consejo directivo está presidido por un representante del Ministerio de Agricultura , como se detalla a continuación:
- Un (1) representante del Ministerio de Agricultura, quien asumirá la presidencia del consejo directivo.
- Un (1) representante del Ministerio del Ambiente.
- Un (1) representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Un (1) representante del Ministerio de Energía y Minas.
- Un (1) representante de los sectores públicos productivos.
- Un (1) representante de los sectores públicos de salud y de saneamiento.
- Un (1) representante de los gobiernos regionales, elegido entre los presidentes regionales.
- Un (1) representante de las municipalidades rurales.
- Un (1) representante de las organizaciones de usuarios.
- Un (1) representante de las comunidades campesinas.
- Un (1) representante de las comunidades nativas.
- Un (1) representante de la Autoridad Marítima Nacional.
Analizando la composición, vemos que el Poder Ejecutivo ocupa directamente 7 cargos en este consejo directivo (4 representantes de los ministerios, 1 de los sectores públicos productivos, 1 de los sectores de salud y saneamiento y 1 de la Autoridad Marítima Nacional); sólo 3 representantes de organizaciones de base (1 de las organizaciones de usuarios, 1 de las comunidades campesinas y 1 de las nativas) y dos representantes de las municipalidades y de las regiones. Esto indica claramente el carácter centralista y poco participativo de la norma, dejando en clara minoría a las organizaciones de base de todo el país.
Ahora bien, ¿qué podemos esperar de la política y estrategia nacional de recursos hídricos, considerando que el Ejecutivo posee mayoría dentro del consejo directivo de la ANA? Desde luego, que ésta sea acorde a la política nacional, vale decir privatista. Cabe recordar que el Ejecutivo promovió, por ejemplo, la nueva ley de tierras (rechazada unánimemente por la población campesina del país) que simplificaba los métodos de participación política comunal, al cambiar legalmente los mecanismos de decisión campesina frente a temas tan importantes como la venta o concesión de tierras. Acorde a esto, no es de extrañar que la política y estrategia del agua favorezca - entre otras cosas - la construcción de hidroeléctricas (como la de Salca PukaraCombapata - Cusco planeada inicialmente para abastecer de energía eléctrica a la mina Las Bambas), la conseción del agua para megaproyectos mineros, petroleros, etc. en desmedro de los intereses primarios de la población peruana.
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Es probable también con esta nueva ley, la posibilidad de entregar en concesión la administración del uso del agua a terceros, con la consiguiente mercantilización del líquido vital. Dentro de las leyes del mercado, está bastante clara la de 'vender a quien pague más', y en este caso, sería vender el agua a quien está en capacidad de pagar más por este preciado bien: las grandes corporaciones agrícolas y los megaproyectos mineros.
Por lo tanto, concluimos que la Nueva Ley de Recursos Hídricos:
- Es vertical, pues resta participación en la administración del recurso hídrico a las organizaciones de base (COMUNIDADES CAMPESINAS e INDÍGENAS) al dejarlas en minoría dentro del consejo directivo de la ANA.
- Es atentatoria a los intereses de la población peruana en general, porque al mercantilizar el agua y someterla a las leyes del mercado, favorece su uso a quien pague más por ella (GRANDES CORPORACIONES AGROINDUSTRIALES y MEGAPROYECTOS MINEROS).
Domingo 15 de Marzo
